La Contraloría General de la República encendió una alerta sobre el estado de la planificación del empleo público en Costa Rica. Un informe oficial reveló graves rezagos en la elaboración de los Planes de Empleo Público Institucionales.
Estos instrumentos son obligatorios por ley desde el año 2023. Su incumplimiento compromete la continuidad y calidad de los servicios públicos.
El informe “Elementos para la elaboración de los Planes de Empleo Público Institucionales”. evaluó a 26 entidades del sector público entre agosto y noviembre de 2025. La revisión incluyó municipalidades, ministerios, instituciones autónomas y órganos desconcentrados.
La Contraloría determinó que solo una de las 26 instituciones evaluadas cuenta con un plan de empleo público vigente. El dato refleja un bajo nivel de cumplimiento de la Ley Marco de Empleo Público. La normativa exige planes de mediano y largo plazo. La fecha límite anual es el 15 de diciembre.
El estudio evidenció que cinco de las seis medidas mínimas establecidas por ley presentan un nivel de cumplimiento básico. Una sola medida alcanzó un nivel intermedio. Ninguna llegó a niveles avanzados. Las debilidades se concentran en la planificación del recurso humano y en la gestión presupuestaria.
Las instituciones muestran limitaciones para identificar necesidades futuras de personal. Existen vacíos en la proyección de jubilaciones. No se desarrollan planes de sucesión. Estas falencias afectan la continuidad operativa. También generan riesgos en puestos clave, según la Contraloría.
Además, la organización del recurso humano presenta avances parciales. Persisten rezagos en estudios de cargas de trabajo. Se reportan perfiles de puestos desactualizados. Faltan manuales de cargos en varias entidades. Estos problemas inciden en la eficiencia institucional.
El informe también señala debilidades en la gestión de plazas vacantes. Las instituciones no identifican con claridad las vacantes a corto y mediano plazo. Los procesos de creación y modificación de plazas carecen de respaldo técnico suficiente. La convocatoria de concursos presenta niveles básicos de cumplimiento.
La Contraloría identificó fallas en la promoción interna y en la formación del personal. Las entidades no cuentan con programas sólidos de capacitación. Se detectó ausencia de acciones en temas de probidad y prevención de la corrupción. La situación limita el desarrollo del talento humano.
Otro punto crítico que indica la CGR es la falta de transparencia en la contratación, ya que muchas instituciones no publican su oferta de empleo y adicionalmente tampoco utilizan de forma sistemática la Plataforma Integrada de Empleo Público. Considera que esta omisión afecta el acceso a la información.
La planificación presupuestaria también presenta brechas relevantes. Las entidades no realizan estudios previos suficientes. Existen vacíos en la estimación de recursos para empleo público. Esto limita la ejecución de los planes.
El informe concluye que los planes de empleo público no se alinean con los objetivos institucionales. Tampoco se vinculan de forma efectiva con la planificación nacional. La ausencia de seguimiento y evaluación impide mejoras continuas.
La Contraloría recomendó planificar de forma inmediata la elaboración de los planes. También instó a definir objetivos claros, responsables y plazos.
El ente contralor advirtió que, sin estos instrumentos, la gestión del talento humano seguirá siendo reactiva. El impacto final recae sobre la ciudadanía y los servicios que recibe del Estado.
