La Sala Constitucional reiteró su advertencia sobre el inminente riesgo de paralización de sus funciones debido al vencimiento, el próximo 16 de diciembre de 2025, de los nombramientos de todas las magistraturas suplentes del Tribunal.
El presidente de la Sala, Fernando Castillo, envió al presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, una nota en la que señaló su “profunda preocupación” por la falta de decisiones oportunas para completar estas designaciones esenciales para la continuidad del Tribunal Constitucional.
“Dirigimos esta nota para expresar la preocupación de la Sala Constitucional, por la proximidad de la fecha en que vencerá la designación de la totalidad de los actuales magistrados suplentes del Tribunal, lo cual ocurrirá el 16 de diciembre de este año”, dice la nota.
El Tribunal alertó que la ausencia de estos nombramientos podría detener por completo la operación de la justicia constitucional, afectando a usuarios que dependen de resoluciones urgentes, como personas en espera de tratamientos médicos, cirugías o recursos que buscan proteger su vida, integridad o libertad.
Advertencia de responsabilidad internacional y reconocimiento de esfuerzos insuficientes
En su misiva, Castillo enfatizó que los diputados conocen “las graves consecuencias que podrían derivarse en caso de que no se realizaran, concretamente la paralización del trabajo de este Tribunal”.
Recordó que una interrupción del Tribunal impactaría directamente el acceso a la justicia constitucional en temas de salud, seguridad social, libertad personal, educación y otros derechos fundamentales que diariamente se resuelven mediante amparos y hábeas corpus.
Aunque el Tribunal reconoció públicamente los esfuerzos impulsados por distintas instancias legislativas, también dejó claro que estos no han sido suficientes.
“Son de conocimiento público los esfuerzos realizados por diferentes instancias de la Asamblea Legislativa para procurar la continuidad de la labor de la Sala. No obstante, hasta la fecha no han permitido concretizar una solución”, indico Castillo.
En la carta señala que la situación no admite más dilación, pues el vencimiento legal ocurre en menos de dos semanas y sin suplentes la Sala no podría celebrar sesiones ni resolver los miles de expedientes que ingresan.
“Estamos a las puertas de una seria crisis institucional, por lo que considero que sería faltar a mi responsabilidad como actual presidente de la Sala, no insistir en la urgencia de una respuesta”, agregó.
Reiteró que su preocupación no se limita al funcionamiento interno del Tribunal, sino al impacto que esta eventual parálisis tendría sobre miles de ciudadanos cuyos derechos dependen de decisiones oportunas.
La interrupción de la justicia constitucional afectaría especialmente a personas vulnerables que esperan resoluciones urgentes para garantizar su salud, su integridad o su protección frente a abusos de autoridad.
Además, el vacío institucional derivado de la falta de suplentes podría obligar al Estado costarricense a enfrentar cuestionamientos y sanciones de instancias internacionales de derechos humanos por incumplir su deber de garantizar acceso continuo a la justicia.
La Sala se mantiene a la espera de una acción inmediata por parte del Congreso, recordando que la lista de postulantes fue enviada el 15 de octubre de 2025, y recalcó que el cumplimiento de los plazos es indispensable para evitar un colapso del sistema de justicia constitucional.
