La Sala Constitucional del Poder Judicial mantuvo en 2025 una elevada carga de trabajo, impulsada principalmente por los recursos de amparo, con una marcada concentración en asuntos de salud.
De acuerdo con los registros solo en julio, la Sala resolvió 3.767 casos, superando los 3.479 asuntos ingresados en el mismo mes, pero de 2024, lo que reafirma la tendencia observada en años recientes de atender más expedientes de los que se reciben, aunque bajo una presión operativa constante.
Pero al analizar las estadísticas, una de las cifras más alarmantes es la cantidad de acciones presentadas entorno a la salud la cual encabeza los asuntos resueltos en 2025 ya que estos casos dominan ampliamente la lista.
De 39.977 asuntos resueltos, 15.418 correspondieron a temas de salud, lo que representa un 38,6% del total. Le siguen los temas penitenciarios, con 4.488 casos (11,2%) y los laborales, con 3.447 (8,6%).
Otros asuntos relevantes fueron pensiones, acceso a la información, actuaciones del Poder Ejecutivo, derecho de petición y conflictos municipales, lo que evidencia la diversidad de problemáticas que llegan al Tribunal Constitucional.
Temas que tienen que ver con servicios públicos, educación, seguridad social y sistema bancario también formaron parte significativa de la agenda jurisdiccional.
En contraste, materias como libertad de expresión, lo electoral, ambiente, tránsito y contratación administrativa registraron menores volúmenes, aunque mantienen relevancia en la protección de derechos específicos.
El predominio de los casos de salud en 2025 volvió a poner en evidencia las debilidades estructurales del sistema de salud y el impacto directo que estas generan en la jurisdicción constitucional, según las autoridades de la Sala.
Agregaron que la recurrencia de amparos vinculados con cirugías, citas médicas, listas de espera y acceso a tratamientos refleja una demanda persistente por atención oportuna y eficaz.
Para las autoridades del Poder Judicial y según los datos oficiales, los recursos de amparo continúan representando el mayor volumen de trabajo para la institución y, en especial, la Sala Constitucional.
Durante el mes de julio ingresaron 3.294 amparos, mientras que se resolvieron 3.554. Los hábeas corpus siguieron, con 156 ingresos y 177 resoluciones.
También se tramitaron acciones de inconstitucionalidad, con 25 casos ingresados y 32 resueltos, además de consultas legislativas y judiciales en menor proporción.
El comportamiento de ese mes confirma la tendencia de alta demanda ciudadana en materia constitucional, especialmente en lo relativo a la protección de derechos fundamentales, consolidando el rol de la Sala Constitucional como garante de la dignidad, la libertad y el acceso a la justicia.
Aunque la Sala Constitucional ha logrado mantener un ritmo de resolución superior al ingreso mensual de expedientes, las cifras confirman que la presión sobre el Tribunal se mantiene elevada, reconocieron las autoridades.
Este escenario refuerza la necesidad de continuar optimizando procesos y fortalecer la capacidad institucional para responder de manera ágil y efectiva a las crecientes expectativas ciudadanas durante el resto de 2025.
