Con el propósito de obligar al Ministerio de Hacienda a girar el correspondiente 8% del Producto Interno (PIB) al Ministerio de Educación Pública (MEP), la Defensoría de los Habitantes presentó una coadyuvancia a un recurso de amparo planteado contra los recortes al presupuesto del sector.
Según la entidad, el informe presentado por Hacienda a la Defensoría no demostró que esa cartera haya tomado todas las medidas hasta el máximo de los recursos disponibles, para movilizar y asignar presupuesto al sector educación conforme con lo indicado en la Constitución, tal y como lo disponen las normas convencionales de derechos humanos económicos y sociales ratificados por el país como condición para que el Estado justifique medidas que pudieran generar regresividad en el goce de estos derechos.
Para la Defensoría, la Sala Constitucional advirtió al Estado, desde hace 10 años, que los presupuestos asignados año con año a la educación pública son inconstitucionales por ser inferiores a lo que dispone el numeral 78 de la Constitución Política.
Acusa además que, con el recorte presupuestario a la Educación, el país incumple lo dispuesto en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
“De ahí que esta Defensoría le planteó a la Sala Constitucional resolver el recurso de amparo antes del 30 de noviembre del presente año, para que, por primera vez en la historia, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa acaten dicha resolución previo a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico 2025”, detalló la Defensoría.
Para el 2025, el Ministerio de Hacienda presupuestó para el MEP un plan de gastos por el orden de ¢2.5 billones, lo que representa menos del 5% del PIB, es decir, producto de los reiterados y constantes recortes presupuestarios, cada vez más el país se aleja de cumplir con el mandato constitucional.
“Cada colón que no se dirige a la educación y se incumple la obligación constitucional, provoca un deterioro irreversible en el sistema educativo público y afecta sensiblemente los derechos de la niñez y de las personas jóvenes”, Añadió la Defensoría.
Cálculos del Ministerio de Hacienda apuntaron que darle el 8% del PIB a educación, significaría un presupuesto de ¢4.5 billones para el MEP.
Declive presupuestario, baja calidad
Preocupa a la Defensoría el decreciente presupuesto para el sector educación a lo largo de los años, lo que evidencia un deterioro en diversos aspectos clave.
Por ejemplo, que el declive se refleja en los resultados de las pruebas PISA, donde las calificaciones en matemáticas, lectura y ciencias son inferiores al promedio de la OCDE.
Por otra parte, sostuvo que 881 centros educativos cuentan con alguna orden sanitaria. “Asimismo, se ha registrado una disminución del 30% en el número de personas beneficiadas por el programa Avancemos (transferencias directas del Programa de Equidad), así como una reducción del 1,5% en el número de estudiantes que reciben beneficios como transporte, alimentación y nutrición, becas postsecundarias y apoyo del programa de integración”, añadió la Defensoría.
A partir de datos de la Encuesta Nacional de Hogares ((ENAHO), del Instituto de Estadística y Censos (INEC), del 2023, la cantidad de personas de 5 a 18 años que no asistieron a la educación formal pasó de 46.554 en 2022 a 56.093, para un incremento aproximado del 20%.
De acuerdo con la Defensoría, el principal motivo de no asistencia es la falta de interés en el aprendizaje formal, pasando de 7.213 personas en 2022 a 11.875 en 2023, lo que equivale a un crecimiento del 63% en este grupo.
Además, los estudiantes son una de las poblaciones más afectadas por la pobreza y la pobreza extrema, alcanzando aproximadamente un 37% en 2023 (12% en pobreza extrema y 25% en pobreza).
“A manera ejemplificante sin que se agoten los supuestos de la afectación a la educación, uno de los programas más afectados ha sido el Programa de Equidad del MEP al experimentar una disminución constante en los últimos años. En 2022, el presupuesto disminuyó en un 11% en comparación con 2021, y en 2023 se registró una reducción adicional del 2% en comparación con el 2022”, señaló la Defensoría.
