La billonaria deuda que tiene el Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), en el Seguro de Salud, pone en riesgo el acceso a la salud, así como la estabilidad del modelo solidario y universal del sistema que ha sido la apuesta del país.
Esta situación fue expuesta por la contralora general de la República, Marta Acosta, en una comparecencia ante la Comisión Investigadora de Presuntas Irregularidades en la CCSS de la Asamblea Legislativa.
Apuntó que, desde el 2008 hasta octubre del 2024, la deuda del Estado con la CCSS creció 10 veces, al pasar de ¢348.000 millones a más de ¢3.4 billones, respectivamente.
En términos del Producto Interno Bruto (PIB), Acosta apuntó que la deuda con el Seguro de Salud pasó de un 1.1% a un 6,3% en ese periodo.
“Este crecimiento sostenido evidencia un desbalance estructural, en los pagos y cobros, con una morosidad estatal que compromete la sostenibilidad financiera del sistema de Salud", advirtió.
Detalló que el ritmo de los pagos no es suficiente para contener el incremento de la deuda, aspecto que genera una presión adicional sobre los recursos de la entidad en el área de la salud.
Llamó la atención de que “a mediano plazo, de no atenderse, el endeudamiento podría comprometer el pacto social costarricense al poner en riesgo el acceso equitativo a la salud, derecho fundamental que sostiene la cohesión social. En este contexto, es imprescindible garantizar fuentes de financiamiento estables para preservar, al menos, las condiciones actuales de equidad y bienestar social”.
Acotó que la magnitud de la deuda limita la capacidad en temas de infraestructuras, adquisición de tecnología y la mejora en los servicios.
“Además, pone en riesgo la estabilidad del modelo solidario y universal que caracteriza el sistema de salud costarricense”, recalcó Acosta.
Preocupante aumento sostenido
Acosta detalló que el modelo de financiamiento subsidiado del Seguro de Salud enfrenta un “preocupante aumento sostenido en la morosidad estatal”, especialmente en programas como: los relacionados con personas en condición de pobreza y en pobreza extrema y en niñez y adolescencia.
Reafirmó que la brecha no solo refleja el incumplimiento de las obligaciones del Estado “sino que amenaza la sostenibilidad del modelo solidario”.
Sobre el particular, explicó que, proyecciones realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) para la deuda estatal con la CCSS apuntan que, en un escenario pasivo, en el cual no se tomen acciones significativas, la deuda alcanzaría, en el 2040 el 14,5% del PIB.
“Esto generaría una presión realmente insostenible para las finanzas públicas y limitaría la capacidad del Estado para atender otras prioridades urgentes”, manifestó Acosta.
Mencionó que, en un escenario activo, donde se implementen ajustes financieros y compromisos graduales de pago, la deuda podría estabilizarse en torno al 12,9% del PIB en 20 años o incluso en un 11,7% en 10 años.
“La consolidación de un modelo inclusivo requiere no solo de un financiamiento efectivo y sostenible, sino también de una gestión eficiente que permita superar riesgos fiscales y operativos asociados.
“A pesar de estas limitaciones, la trayectoria del seguro de salud en Costa Rica destaca como un ejemplo de compromiso social, donde la protección de la salud se concibe como un derecho fundamental y un pilar para el desarrollo humano integral.”, remarcó Acosta.
Por otro lado, Acosta, ante una consulta, Acosta reseñó que la Caja tiene superávit y que sus estados financieros no muestran que esté quebrada, con lo cual desmintió uno de los argumentos de Rodrigo Chaves, presidente de la República.
