Asamblea no alcanza a retirar inmunidad al presidente Chaves

La Asamblea Legislativa no alcanzó los 38 votos que se requerían para levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves, a fin de que pueda continuar un proceso judicial en su contra.

Con 55 diputados presentes, se inició la votación después de un debate reglado, con tiempos definidos de previo entre las fracciones y el Directorio del Congreso. Se requerían 38 votos para quitar la inmunidad a Chaves para el caso específico. Sin embargo, al final, la votación quedó 34 a favor y 21 en contra.

La Fiscalía procura acusar al mandatario por el delito de concusión, en relación con un contrato entre el Banco Centroamericano de integración Económica (BCIE) y la empresa RMC, una productora propiedad de Christian Bulgarelli.

Esencialmente, de entre los diputados del Partido Liberación Nacional, solamente Carolina Delgado votó en contra. Del Partido Unidad Social Cristiana, dos votaron a favor y cuatro en contra. Del bloque oficialista, todos los presentes votaron en contra. Eso sí, el diputado Manuel Morales no asistió.

Todos los del Frente Amplio votaron a favor, mientras los diputados de Nueva República, se apuntaron en contra.

Antes de la votación, la diputada Andrea Álvarez, quien presidió una comisión especial que analizó el expediente judicial, señaló que, en un día histórico como este, es importante que la ciudadanía tenga claro que ese hizo un trabajo riguroso.

“En todo momento, mi norte era garantizar el derecho a la defensa del señor presidente”, afirmó. Añadió que, si no se respeta ese derecho, se erosiona la institucionalidad del país.

Recordó que el tema aquí es definir si hay indicios para juzgar al mandatario por una supuesta orden para girar 32 mil dólares a Federico Cruz.

Y, con base en los elementos del expediente, y las declaraciones de Christian Bulgarelli, se observa una concordancia de temas que deben ser analizados en sede judicial.

La legisladora descartó las manifestaciones de Chaves, en el sentido de que hay persecución política en su contra. Ello, porque no aportó una sola prueba para sustentar esa afirmación.

“Nosotros no podemos generar ciudadanos de primera y segundas categoría”, sostuvo. Y recordó que en mayo de 2022 el juramento de los diputados fue ante la Constitución Política y no ante una bandera partidaria.

“De todo el análisis, hay suficientes elementos técnicos que justifican votar sí el día de hoy”, aseguró.

Por su parte, el diputado Daniel Vargas dijo que por lo estudiado, puede concluir que el procedimiento contiene una serie de yerros. En este caso, señaló que los magistrados discutieron el tema, pero siete magistrados consideraron que la acusación no contiene los elementos mínimos para su traslado al Parlamento.

Añadió que el Ministerio Público no le tomó declaración a Chaves en relación con los hechos que se le acusan.

Asimismo, sostiene que no se puede comprobar que Chaves haya indicado a Bulgarelli que le girara dinero a Cruz. Alega que no hay claridad sobre cuándo se supone que ocurrieron los hechos.

Recordó que Bulgarelli ha entrado en contradicciones sobre los hechos, pues ya ante una Comisión de la propia Asamblea Legislativa había dicho que nunca interpretó que se le estuviera instruyendo para girar dineros a Cruz.

“Se concluye que Christian Bulgarelli faltó a la verdad, ya sea en la Comisión o ante la Fiscalía”, apuntó, y por ello estima que se debe descalificar sus manifestaciones al no poder saber cuál de ellas es la verdadera.

Finalmente, dijo que cuando se le giró el dinero a Cruz por parte de Bulgarelli, ya se había firmado y cancelado el contrato en su totalidad.

Cuestionó, también, la celeridad con que se actuó en este caso por parte del Poder Judicial, al avanzar con “máxima eficiencia en un sábado y domingo”.

Para él, se trata solamente de un instrumento de persecución política contra Chaves, especialmente porque no hay urgencia a falta de ocho meses para que concluya el período presidencial.

La otra integrante de la Comisión, Rocío Alfaro, señaló que los diputados deben limitar su decisión en torno al hecho de si se puede o no juzgar al presidente de la República durante su gestión.

“No nos corresponde señalar inocencia o culpabilidad… Por eso nosotros solamente somos aquí un filtro”, apuntó.

“La descripción de los hechos que hace la Fiscalía es consistente con las pruebas materiales y la prueba pericial que presenta”, dijo.

A diferencia de Vargas, dijo que la secuencia de las fechas y los actos presenta un seguimiento lógico. Añadió que no hay ningún problema en el tipo penal utilizado por la Fiscalía.

“La dádiva se consolida apenas cuatro días después del pago del BCIE”, agregó la legisladora. Y dijo que la investigación no inicia el fin de semana que se logra avanzar con el testigo de la corona. En ese sentido, recordó que fue una investigación que requirió casi dos años.

“Nosotros no podemos descalificar las pruebas y mucho menos a los testigos, porque no somos jueces y mucho menos magistrados y magistradas”, reflexionó.