Pese a que el servicio de buses es considerado por los usuarios como regular o en muchos casos deficiente, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y el Consejo de Transporte Público (CTP), fallan en el ejercicio de controles.
Una reciente auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) concluyó que no es posible asegurar que el servicio de transporte público dado por las empresas autobuseras, entre enero del 2020 y junio del 2023, se haya prestado con eficiencia, eficacia y calidad a los usuarios, pues tanto ARESEP como el CTP no cuentan con información básica al respecto.
Ambas instituciones no pudieron aportar información en aspectos como: tiempos de traslado, frecuencia operativa diaria, métodos de pago disponibles, horarios, rutas o ubicación de las paradas, para que las personas puedan planificar su viaje, “… de manera que tampoco se puede conocer su contribución con el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible”, apuntó la CGR.
Y agregó: “Dicha información resulta relevante para la definición de políticas, ejecución de programas, planes (CTP), regulación y fiscalización (ARESEP) sobre la operativa diaria del servicio, para verificar que el transporte público se preste bajo las mejores condiciones, situación que limita la toma de decisiones oportuna; la mejora continua y la rendición de cuentas efectiva”.
La CGR reseñó que la administración no ha logrado consolidar un proceso de modernización del transporte público modalidad autobús, sino que asumió un rol de tramitador de permisos o concesiones, sin que dichos procesos obedezcan a un análisis pormenorizado y a un modelo país actualizado acorde con las nuevas tendencias de movilidad, de atención sistematizada de la necesidad pública y gestión de la calidad.
“…siendo esta un derecho de las personas usuarias y una condición básica de funcionamiento del servicio, lo que implica que no basta con la sola prestación del servicio sino que la calidad es intrínseca a su funcionamiento regular, desde un punto de vista de oportunidad, puntualidad, seguridad, información, razonabilidad”, manifestó la CGR.
Quejas del servicio
Desde el componente de la calidad de la prestación del servicio, la CGR en la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos (ENPSP) elaborada este año y la encuesta sobre acceso, uso y satisfacción de los servicios públicos regulados por la ARESEP para los años 2020 a 2022 para obtener información sobre la perspectiva de la persona usuaria.
Sobre el particular, reconfirmó una insatisfacción de los usuarios con respecto a la calidad del servicio de autobús.
Entre los resultados sobresalen que:
- En la ENPSP 2023, un 40,07% de los encuestados tiene una percepción negativa en relación con la comodidad, aspecto que en las mediciones de la ARESEP ha venido en crecimiento pasando de un 24,9% en 2020 a un 32,4% para 2022.
- En cuanto a la seguridad en los puntos de parada o terminales en la espera del servicio, la ENPSP 2023 concluyó que un 38,4% de la población consultada se siente insegura y un 22% considera que no se sienten seguros cuando realizan traslados a bordo del servicio de autobús. Por su parte, en las encuestas de la ARESEP reconfirman un aumento de la inseguridad, que pasó de un 29%, en el 2020 a un 34,9% en el 2022.
- En lo que a atención al cliente se refiere un 26,6% de la población entrevistada por parte de la CGR indica que no reciben un trato amable de los choferes, porcentaje que es mayor en la ARESEP para el año 2022 cuando fue del 30,4%.
- Otro de los aspectos valorados es el estado físico de la flota. Datos de la CGR señalan que el 39,6% de la población entrevistada consideró que no se encuentra en buen estado. Similar resultado se encontró mediante la encuesta de ARESEP, para el 2022 con un 39,8%.
Producto de las visitas efectuadas por el equipo auditor de la CGR a diferentes rutas se comprobó que “la infraestructura asociada al transporte podría valorarse como insegura, con faltantes o deterioros (calles, aceras, paradas, terminales y trayectos)”.
“Esta infraestructura desempeña un papel fundamental en la creación de entornos accesibles e inclusivos, al mismo tiempo que ejerce una influencia significativa en la movilidad de aquellos que hacen uso de dichas instalaciones.
“Este aspecto adquiere una relevancia particular que exige la consideración de las necesidades de cada tipo de usuario, en ese sentido, por ejemplo, dado que son las mujeres, quienes más utilizan el autobús, la problemática en la infraestructura podría poner en riesgo la seguridad y comodidad durante sus desplazamientos”, puntualizó el estudio contralor.
En relación con la eficacia, la cual implica que el servicio se brinde según el esquema operativo, de forma informada y bajo características de accesibilidad para las personas usuarias, la CGR sólo pudo medir algunos aspectos relacionados con la atención de poblaciones vulnerables.
Al respecto, se determinó que:
- De 4765 unidades de bus que dan el servicio, 237 no cuentan con rampa o no se tiene la información por parte del CTP.
- Datos complementarios sobre la inspección técnica vehicular, suministrados por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) durante los meses de octubre a diciembre 2022, de 156 unidades analizadas, 20 unidades presentaron “defectos de funcionamiento de la rampa y/o elevador”, considerando dos casos en los cuales “no se cuenta con espacio interno para colocar silla de ruedas”.
- En lo referente a la cantidad de buses con pasamanos, de un total de 156 unidades analizadas en los Centros de Inspección Vehicular (CIVE), 23 tuvieron defectos en el estado de barras y/o agarraderas, lo que representa cerca del 15%; y según los criterios establecidos la condición de accesibilidad respecto a los pasamanos es muy mala.
