El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) dejó establecida la oposición a un proyecto de ley que analiza la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa para condonar una deuda millonaria de la escuela y el colegio de Rincón Grande, en el distrito de Pavas, con esa entidad.
El presidente de la Institución, Juan Manuel Quesada explicó que ambos centros educativos fueron construidos en terrenos que nunca han sido segregados ni traspasados al Estado. Pero, además, allí hay un grupo de personas que tiene varios años de conectarse de manera irregular a la red y no pagar el servicio.
A la fecha se estima que lo adeudado es de alrededor de 30 millones de colones. Sin embargo, no hay claridad sobre qué corresponde al consumo de los centros educativos ni qué a las personas que piratean el servicio.
Por ello, el A y A mantiene tanto los procesos de cobro administrativo, como de cobro judicial, para todos los involucrados. Quesada es del criterio que el proyecto para condonar la deuda a los centros educativos no es pertinente, dado que los terrenos no están segregados ni en poder del Estado.
Entonces, de aprobarse la iniciativa de ley, tendrían que aplicar el beneficio con todo el grupo moroso, lo que no sería justo para con los usuarios que si pagan sus servicios.
De hecho, según los datos recabados por la institución, el terreno sería propiedad del Consorcio Cooperativo de Vivienda Fedecrédito, que desapareció en 1991, pero no está claro que la información sea correcta, o si más bien es de las personas que viven allí.
Precisamente, debido a estas dificultades el Ministerio de Educación Pública (MEP) no ha podido invertir en mejoras a la infraestructura de los centros educativos.
En realidad, el problema supone una suerte de círculo vicioso. Mientras la deuda no se pague no se pueden hacer modificaciones a nivel registral en torno a la propiedad. Y eso impide que los terrenos donde están los centros educativos puedan ser traspasados a las Juntas de Educación.
El diputado Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) consulto al jerarca del AyA sobre las medidas que han tomado en relación con quienes se han conectado de manera irregular a la red de suministro de agua potable.
Quesada respondió que han procedido a cortar el servicio, pero al tratarse de tomas ilegales, la gente se vuelve a conectar cuando el personal del AyA abandona la zona.
La directora de Infraestructura del MEP, Lourdes Saurez, explicó que están revisando la situación con la Junta Liquidadora de Fedecrédito, para tratar de determinar quien es responsable de los terrenos, con la intención de que se haga cargo de la deuda. Ello, pese a no ser quien hizo el consumo del agua potable.
