La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) dirigió un allanamiento en la Municipalidad de Cartago, como parte de una investigación que se sigue contra el alcalde Mario Redondo, quien fue denunciado por un aparente delito de incumplimiento de deberes.
Según informó el Ministerio Público, el operativo se desarrolló en el Departamento de Recursos Humanos y en la oficina del alcalde.
“Los hechos denunciados son del 25 de mayo del 2021 y del 22 de agosto del 2022. En la primera fecha, se cree que un hombre de apellido Fonseca fue nombrado como inspector, mientras que en la segunda se nombró de forma interina a una mujer, apellidada Cerdas, como encargada de la Unidad de Gestión Humana.
“En el caso de Fonseca, este tendría parentesco de tercer grado de afinidad con el señor Redondo, mientras que la mujer es familiar de primer grado de una persona, quien, en el 2020 fue electa como síndico de la localidad de Quebradilla”, detalló el Ministerio Público.
En este caso, la FAPTA presume que Redondo habría actuado en contra de lo establecido en el artículo 136 del Código Municipal, que señala que no existe la posibilidad de que cónyuges o parientes de hasta tercer grado de consanguinidad de concejales, el alcalde, auditores y directores o jefes de personal, y cualquier funcionario que tenga relación con la escogencia de personas para puestos municipales, pueda ocupar un puesto en la institución.
En un comunicado, Redondo se limitó a decir que su oficina estaba colaborando con las autoridades en aras de la transparencia. Aseguró que con la información que se recabe se demostrará que no hay ninguna irregularidad, ya que todo es resultado de una persecución por intereses políticos del denunciante.
“El propósito del operativo es recabar prueba documental y digital de relevancia, para incluir al expediente 24-000006-1878-PE”, recalcó el Ministerio Público.
Es la segunda vez que se investiga a Redondo, pues en el 2021 fue detenido redondo junto a otros cinco alcaldes, por el caso que se denominó Diamante, en el que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) indagó posibles actos de corrupción en diferentes obras de licitación pública.
