El Plan Nacional de Transporte (PNT), presentado en 2011 y que tiene plazo hasta el 2035, proyectaba la inversión de un porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), de 2,45% hasta el 2017 y a partir del 2018, de 3,99%. Sin embargo, en estos años con costos llegaba al 1%.
El informe Pensar Costa Rica 2025 presentado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), abarcó 10 temas país; uno de ellos, la infraestructura vial. Esta sección fue elaborada en colaboración con el ingeniero Olman Vargas, expresidente de esa institución, y la ingeniera Ileana Aguilar.
De acuerdo con el informe, el plan tenía una proyección del 2011 al 2035 (25 años), y después de 14 años, se puede decir que existe una desviación importante de lo propuesto con respecto a lo ejecutado.
Por ejemplo, en los últimos ocho años, cuando se suponía que la inversión debía alcanzar el 3,99% del PIB, en 2018, cuando se registró la cifra más alta, fue de solo 1,05%. Las cifras de 2019 a 2013 no superan el 0,93%.
“No ha sido solo la falta de inversión, sino también una suma de condiciones esenciales que han dificultado la posibilidad de llevar a cabo la ejecución de proyectos, como la poca capacidad de las instituciones de ejecutar las obras; la falta de modernización de la legislación vigente, gestión de las expropiaciones y reubicación de servicios públicos; y empresas constructoras con grandes problemas en el momento de operar, entre otras” señaló el informe.
Recomendaciones
El informe presenta una serie de recomendaciones. La primera es un pedido de aumentar la inversión en este campo hasta el 4% como lo proyectaba el PNT, documento que piden se revise y actualice. Asimismo, que, los planes de los gobiernos se elaboren con este instrumento como referente.
En cuestión de legislación, recomiendan la aprobación del proyecto de Ley N.º 24.009, para fortalecer las alianzas público-privadas y el Proyecto de Ley N.º 24.669, Ley de Expropiaciones.
“Las alianzas público- privadas son la única posibilidad real en el corto y mediano plazo de financiar proyectos de infraestructura pública, y existe un desconocimiento muy generalizado en la administración pública de cómo manejar estas figuras. Pero más aún, existe un temor real del funcionario público de implementar figuras sobre las que no encuentra una base legal, con excepción de la concesión” dicta el informe.
La red vial del país cuenta con 44,689 km, de los cuáles solo el 27% está pavimentada. Por esto, consideran necesario procurar mecanismos para transformar las rutas de lastre en rutas asfaltadas.
Para las redes viales cantonales se propone la creación de un marco de colaboración regional que les permita a las municipalidades coordinar esfuerzo para el mantenimiento vial.
Obras prioritarias
Los proyectos que consideran prioritarios son:
- Ampliación Rutas 1 y 27
- Carretera a San Carlos (Punta sur y sector Central)
- Intersecciones a desnivel Ruta No. 32
- Barranca-Limonal (Ruta No 1)
- Túneles falsos Ruta 32
- Palmar Sur-Paso Canoas (Ruta No. 2-punto anterior)
- Ampliación Carretera Florencio del Castillo (Iniciativa privada)
- Paso a desnivel en Cementerio de San Pedro
- Radial Lindora
- Intervenciones viales en las intersecciones congestionadas de la GAM.
A estos proyectos se les suman los intercambios Taras-La Lima, la Ampliación de Río Frío-Limón y los pasos a desnivel de Hatillo 6 y Hatillo 8, en Circunvalación, que se están ejecutando.
“Considerando la planificación estratégica y sistémica de la Red Vial Nacional, priorizando a cuatro carriles las vías entre los puertos este y oeste (Caldera – Moín) y entre las dos fronteras norte y sur (Peñas Blancas – Paso Canoas), se estima que la cantidad de kilómetros que requieren mejoramiento (ampliación de carriles), considerando la denominada RVN Primaria (de puerto a puerto y de frontera a frontera) es de 933,5 km” puntualizó el estudio.
Otro ejemplo es la ruta nacional 21 que conecta Liberia con Belén, pasando por el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. Este proyecto es una conexión estratégica para llegar a las zonas costeras de Guanacaste.
